15 Apr

ENTREGA DE PROTOCOLO EN IZABAL

El 10 de abril, ECPAT Guatemala entregó el Protocolo para la Referencia, Contrarreferencia y seguimiento de casos de Trata de Personas a la Red de Derivación de atención a Víctimas de delito del departamento de Izabal. Este instrumento contextualizado facilitará la coordinación interinstitucional, el adecuado abordaje de los casos y la atención integral a las víctimas.

El Protocolo fue elaborado en el Marco del Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades a las Instituciones encargadas de Justicia y Referencia a Víctimas de Trata de Personas”, el cual se desarrolla en coordinación con el Proyecto Justicia para Juventud y Género y gracias al apoyo de USAID.

20 Mar

Oportunidad laboral: ECPAT contratará consultora/or

Asociación para la Eliminación de la Explotación Sexual, Pornografía, Turismo y Tráfico Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Guatemala -ECPAT Guatemala-  contratará CONSULTOR O CONSULTORA PARA LA PLANIFICACIÓN, ARTICULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DE AUDITORIA SOCIAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS 2014 -2024.

A las personas interesadas en aplicar, se les invita a descargar los TDR  y enviar su propuesta por correo electrónico a propuestasconsultoriae@gmail.com más tardar el día 22 de marzo de 2019.

Solo se notificará a la persona seleccionada.

08 Mar

Primera reunión presencial de la red regional de fiscales especializados contra la trata de personas

fotoPrimera reunión presencial de la red regional de fiscales especializados contra la trata de personas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Esta reunión se llevó a cabo los días 27 y 28 de febrero del presente año en un hotel de la Ciudad Colonial de Antigua Guatemala.

Participaron en el evento de apertura de la reunión los fiscales y fiscales adjuntos de las fiscalías y unidades especializadas contra la trata de personas de las Fiscalías y Procuradurías Generales de los países que forman parte de la Red.

Se contó con la presencia de la Dra. Consuelo Porras Fiscal General quien dio las palabras de apertura.

Las y los fiscales de sección y agentes fiscales que participaron compartieron experiencias y buenas prácticas en materia de investigación y persecución penal del delito de trata de personas y sus modalidades en especial lo relativo a sistemas de información, tipificación de aquellas modalidades que no lo están en las legislaciones penales de los países.

Se hizo una revisión de los avances en el plan de trabajo de la Red y se tomaron acuerdos para el seguimiento del mismo.

08 Mar

Garantizar la plena vigencia de los derechos de las niñas y mujeres

8M

En la 67ª conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la coyuntura política a nivel mundial denota retrocesos en la democracia que debilitan al Estado y su la institucionalidad y, con ello, poner en riesgo los logros alcanzados en materia de Derechos Humanos de las niñas y mujeres.

En el caso de Brasil, el presidente Bolsonaro, quien llegó al poder con un discurso misógino y excluyente, ha impulsado como medidas prioritarias, acciones que representan un atropello para las personas trabajadoras, indígenas y comunidad LGTBI. Podemos citar también al sistema de justicia español que pone obstáculos a los procesos penales en contra de violentadores de mujeres. Por último, la consolidación de gobiernos de carácter dictatorial, como en Honduras y Nicaragua ha debilitado la institucionalidad que tiene el mandato constitucional de velar y garantizar la protección de las niñas y mujeres.

Guatemala no es la excepción y no escapa de esa coyuntura mundial. La agenda política de nuestros legisladores y las acciones del gobierno central, están muy lejos de dar respuestas integrales a las problemáticas que viven las niñas y las mujeres en el país, como consecuencia de las violencias a las que están expuestas y de la cual son víctimas.

El número de casos de niñas embarazadas subió en un 45% en 2018 con relación al año anterior.   Según datos del OSAR, se reportaron 2,153 casos de niñas embarazadas entre 10 y 14 años en 2018 frente a 1,488 casos en 2017. Como una de las respuestas ante esta preocupante situación, se presentó al Congreso de la República la iniciativa de ley 5376 (Ley de protección integral a las niñas víctimas de violencia sexual), la cual tuvo un dictamen desfavorable de la Comisión de la Mujer, irónicamente esta Comisión está integrada por 12 hombres y una mujer.

Otro hecho importante que visibiliza la falta de voluntad política en nuestro país es que, a dos años de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, no se ha procurado e la mayoría de los casos, el resarcimiento de las niñas sobrevivientes (15) ni de las familias de las que murieron (41). Tampoco se ha logrado condenar a los culpables. Ni siquiera un hecho tan dramático y despreciable como éste ha provocado que se implementes estrategias programas de fortalecimiento al sistema de protección a la niñez y adolescencia y los “hogares seguros” mantienen una estructura de encierro, sofocación y tortura.

Asimismo, la violencia de género es perpetuada por la cultura patriarcal y conservadora imperante en el país. Ha sido una herramienta de subordinación y control de la vida y cuerpo de las mujeres. Guatemala es uno de los países con la mayor tasa de muertes violentas de mujeres (9.7 de cada 100.000 personas).

El sistema judicial en nuestro país, al igual que en España, es un embudo que impide el acceso a la justicia a las niñas y mujeres. Por ejemplo, con la entrada en vigencia de la Ley contra el Femicidio en 2008, el número de denuncias penales se incrementó, de modo que varios años después (en 2016) el Ministerio Público reportó 51,131 denuncias, registradas por violencia física (20,248), violencia psicológica (18,996), violencia contra la mujer (10,992), femicidio (205), otros tipos y combinaciones (690). Ese mismo año el Organismo Judicial reportó 2,668 sentencias (5% del total de denuncias) de las cuales solo 2,004 fueron condenatorias (3.9%).

Así, podríamos enumerar más casos en los que el Estado de Guatemala no da respuesta a los vacíos sociales, políticos y económicos que atañen a las niñas y mujeres para garantizar el goce de sus derechos.   Es más, reafirmamos que el sistema como tal, no brinda protección ni da garantías a las niñas y mujeres, ni a los grupos que son excluidos por su condición económica, étnica, de género o discapacidad.

Por lo anterior es que los diferentes sectores tienen sus propias luchas para la exigibilidad y restitución de sus derechos humanos. Sin embargo, el trabajo de cada uno de ellos debería darse de forma conjunta. De ese modo, podrían encontrarse puntos en común y unificar las agendas, a fin de generar una sola voz en contra de la ausencia de políticas, planes y programas gubernamentales. Se hace necesaria, entonces, trabajar e impulsar una agenda de desarrollo en la que se garanticen la plena vigencia de los derechos humanos de la población sin discriminación por razones de género, etnia, y grupo etario.

Por todos estos hechos, nuestra indignación debe estar a flor de piel, pero no un día, ni dos, sino de forma permanente. Recordemos que los números rojos (como los que mencionamos en este artículo) son estadísticas, y esas estadísticas son personas, son niñas, adolescentes y mujeres que sufren de exclusión, violencia y muerte. Por lo tanto, a esa voz común debe sumarse la permanencia.

La exigibilidad y las acciones que emprendamos en favor de las niñas y mujeres y de los diferentes sectores sociales excluidos la sociedad guatemalteca, debe ser constante para lograr verdaderos cambios que se traduzcan en logros. No logros frágiles, sino verdaderos cambios de estructura que permitan que un día digamos: las mujeres y los hombres viven en condiciones de igualdad; las estadísticas por violencia de género son nulas o no se registran casos de niñas y adolescentes embarazadas.

Por lo tanto, retomemos las palabras de Nitzche y recordemos que no es la intensidad, sino la duración de un sentimiento lo que nos hace superiores.

11 Dec

ECPAT participa en reunión regional sobre armas explosisivas

Conferencia-4Nuestra directora, María Eugenia Villarreal, participó en la Reunión regional de Santiago sobre la protección de los civiles contra el uso de armas explosivas en áreas pobladas.

Representantes de 22 estados de América Latina y el Caribe, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Red Internacional de Armas Explosivas y otras organizaciones de la sociedad civil, se reunieron en Santiago de Chile, del 5 al 6 Diciembre de 2018, para compartir el conocimiento y la evidencia sobre el patrón distintivo del daño causado a los civiles por el uso de armas explosivas en áreas pobladas, y explorar los pasos para abordar este daño a nivel político y operativo.

Los representantes expresaron su preocupación de que las armas explosivas usadas en áreas pobladas causan muertes, lesiones y traumas a civiles, dañan y destruyen infraestructura esencial y servicios críticos, impulsan desplazamientos involuntarios, dejan restos explosivos de guerra que representan una amenaza a largo plazo, interrumpen la convivencia social, Actividades económicas y compromiso de la seguridad humana.

En sus intercambios, los representantes concluyeron que los estados de América Latina y el Caribe, así como la sociedad civil, pueden desempeñar un papel fundamental para mejorar la protección de los civiles contra los daños causados por las armas explosivas en un momento en que los conflictos armados se combaten cada vez más en los centros de población.

Además, los representantes estatales reconocieron la necesidad de acciones adicionales para abordar esta cuestión a nivel nacional, regional e internacional, en particular, pero no limitado a, lo siguiente:

  • Fomentar la recopilación de datos e información para aumentar la concientización y mejorar el conocimiento sobre el impacto de las armas explosivas en los civiles en áreas pobladas;
  • Evite el uso de armas explosivas con efectos de área amplia en áreas pobladas;
  • Ley para mejorar el cumplimiento de las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos para garantizar la protección de los civiles y los objetos civiles, incluidas las escuelas y los hospitales durante los conflictos armados, y contribuir a aliviar los daños humanitarios derivados de los efectos de las armas explosivas en las zonas pobladas.
  • Desarrollar medidas efectivas para prevenir ataques en contra de las leyes internacionales aplicables contra hospitales, escuelas y personas protegidas en relación con ellos;
  • Apoyar plenamente el proceso que llevará a la negociación y adopción de una declaración política internacional sobre el uso de armas explosivas en áreas pobladas;
  • Promover la cooperación bilateral y regional mediante el intercambio de experiencias, buenas prácticas y conocimientos especializados para reducir los daños causados por las armas explosivas a los civiles;
  • Participar de manera constructiva en discusiones e iniciativas a nivel internacional que puedan proporcionar efectivamente una mayor protección a los civiles en los conflictos armados;
  • Fomentar el compromiso más profundo y más amplio de los estados de América Latina y el Caribe y facilitar una mayor participación como grupo de Estados;
    Continuar y fortalecer la cooperación y las asociaciones con organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil para aprovechar su experiencia y apoyo pertinentes;
  • Canalizar las contribuciones al borrador de la declaración política internacional sobre el tema, así como participar en actividades de promoción a nivel nacional, regional e internacional.

Santiago de Chile, diciembre de 2018