05 Dec

Comunicado de prensa sobre desapariciones en Hogares Seguros

RED CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
GUATEMALA
COMUNICADO DE PRENSA

Ante los últimos acontecimientos acaecidos a raíz de la desaparición de 31 adolescentes albergadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, la Red contra la Trata de Personas, manifiesta su profunda preocupación por:

  • Este hecho, que una vez más pone de manifiesto la casi inexistencia de un sistema de protección que garantice a la niñez y adolescencia víctimas el goce de sus derechos fundamentales, cuya garantía es responsabilidad inalienable del Gobierno y sus instituciones.
  • La falta de capacidad de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, para brindar una atención y protección integral a la población albergada en los hogares, así como la ausencia de protocolos y programas que aseguren a la niñez y adolescencia albergada, una recuperación de los daños sufridos.
  • La ausencia de procesos de seguimiento y verificación por parte de los órganos jurisdiccionales correspondientes a las medidas de “protección” dictadas, que generan largos períodos de internamiento y de privación de libertad y violaciones a los derechos a la vida, la seguridad, protección y atención especial.
  • La corresponsabilidad de los jueces de niñez y adolescencia al privilegiar la institucionalización de la niñez y adolescencia como única medida de protección.
  • La corresponsabilidad del Consejo Nacional de Adopciones al no efectuar verificaciones y supervisiones de las condiciones de los hogares y de los programas para que estos llenen los requerimientos y el enfoque de derechos.
  • La Procuraduría General de la nación al no cumplir con su mandato de velar por los derechos de la niñez y adolescencia.

Y, por lo tanto, demanda y solicita:

  • Al Organismo Ejecutivo la creación y articulación de un sistema de protección que garantice el respeto y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia.
  • Al Organismo Judicial, que promueva el cumplimiento de los plazos que la ley establece para los procesos de protección y el seguimiento, el cumplimiento de las medidas dictadas y la utilización de los recursos alternativos que manda la ley para evitar la institucionalización y que esta sea la última medida a considerar.
  • Al Ministerio Público que agilice las investigaciones para deducir las responsabilidades al personal de la Secretaría de Bienestar social, que estuvo involucrado en este hecho y otras acciones constitutivas de delito, tanto por acción como por omisión.
  • A la Secretaría de Bienestar social que genere un proceso de depuración del personal, para que en base a perfiles, experiencia y capacidad se puedan implementar protocolos y programas que les permita a la niñez y adolescencia, el desarrollo de una vida plena libre violencia y una atención especializada.
  • A la Procuraduría General de la Nación, que cumpla con su función dentro de los procesos de protección de forma eficiente y pronta.
  • Al Ministerio de Finanzas Pública, que designen los recursos que se requieran para para que la Secretaría de Bienestar Social como ente responsable de la protección integral y de la restitución de aquellos derechos que le han sido vulnerados a la niñez y adolescencia y cumpla con eficiencia y efectividad el mandato que le asigna la legislación nacional.